En el inicio de una semana clave, el Gobierno avanza en la redacción de la Ley Bases que enviará al Congreso al cabo de la última ronda de negociaciones que lleva adelante con la oposición. Y, tras el pedido de diversos sectores de la oposición, todo indica que el texto incluirá la reforma laboral contenida dentro del mega DNU pero que fue impugnada por la Justicia.
Por estas horas, la administración de Javier Milei analiza un cambio clave para lograr consenso y aprobar los aspectos más importantes del capítulo laboral: una parte de la oposición sugirió que se excluya de este debate el tema de los aportes sindicales.
El decreto 70/2023 establecía que la retención de una parte del salario con destino al pago de la cuota sindical sólo podía realizarse con “un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, un punto que rompió los puentes de negociación del Gobierno con la CGT.
Fue a fines de diciembre, cuando en la Casa Rosada se habían esforzado por diferenciar a los gremios de los líderes piqueteros e incluso cerca del Presidente ponderaban a los popes sindicales: «Ellos sí la ven», decían.
Con el capítulo del DNU frenado por un fallo judicial, e instando a debatir la reforma laboral en el Congreso, y sin que la Corte Suprema de Justicia dé señales de querer tratar la apelación presentada por el Gobierno, en la Casa Rosada escucharon con atención la propuesta que hicieron desde la oposición para incluir el tema dentro de la Ley Bases.
Negociación con los bloques
Primero lo hicieron desde el bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, y luego se sumaron dirigentes radicales, como Rodrigo de Loredo, y la bancada de Hacemos Coalición Federal, presidida por Miguel Angel Pichetto.
Uno de los más enfáticos fue Nicolás Massot, que resaltó a la reforma laboral como “el único elemento expansivo en la economía que ha propuesto este Gobierno».
«Estoy de acuerdo con una gran cantidad de los atributos de la reforma laboral. Me parece muy bien que redeterminemos multas; que le pongamos una cota a los honorarios de los abogados; que redeterminemos los intereses y todo aquello que infla la industria del juicio y las indemnizaciones multimillonarias que hacen quebrar a nuestras empresas», planteó durante el debate sobre el DNU.
Pero en la búsqueda de consensos y acuerdos políticos, el Gobierno no quiere pisar en falso. Con el diálogo con los gobernadores avanzando a fuego lento pero con menos diferencias en la Ley Omnibus, y un principio de acuerdo con los diputados, la intención es no reavivar el conflicto con los gremios para evitar una presión sobre el Congreso que pueda empantanar otra vez la discusión.
Un referente opositor confió a Clarín que transmitió ese pedido al Ejecutivo: «Si se corre el tema de los aportes sindicales, los muchachos (por los gremios) no van a tener que hacer mucho quilombo y vamos a poder tener una reforma laboral necesaria para la Argentina», aseguró.
Desde el Ejecutivo son cautelosos y evitan dar por cerrada la decisión. «Lo estamos analizando, es una posibilidad concreta, pero todavía no hay nada definido», confiaron a este diario desde la mesa chica del Presidente. «Si lo hacemos (sacar el tema de los aportes sindicales) es porque nos garantizan que sale todo lo el resto del capítulo», completaron.
Entre otras cuestiones, en materia laboral el DNU amplía de tres a ocho meses el período de prueba, establece un sistema electrónico más ágil para inscribir a los empleados y deroga las multas por falta de registro laboral, un eje que la oposición quiere discutir y establecer un término equitativo entre lo actual y la pretensión del Gobierno.
También amplía las actividades consideradas «esenciales» y, en consecuencia, limita el derecho de huelga para algunos sectores al establecer guardias mínimas del 75 por ciento en más rubros: la educación las telecomunicaciones; y los sectores aeronáuticos y aduaneros, entre otros.