Por Silvia Stang
Por el plan de moratoria de aportes jubilatorios que rigió entre mediados de marzo de 2023 y el 23 del tercer mes de este año se otorgaron beneficios previsionales a 580.623 personas, de las cuales el 40% es de la provincia de Buenos Aires; además, seis de cada diez son mujeres y cuatro de cada diez, varones. El haber mensual promedio en esos casos es un 4,2% más alto que el mínimo y el 90% es equivalente a esa prestación básica, aunque en la práctica durante un lapso de tiempo se cobra menos, ya que se descuenta una cuota para saldar la obligación de pago que la persona contrajo con el Estado con la compra de aportes.
En el informe sobre la gestión gubernamental que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió a la Cámara de Diputados –donde expuso durante la tarde de ayer–, se defiende la decisión de no prorrogar la vigencia de ese mecanismo para personas en edad jubilatoria, y se confirma que sigue en pie un plan de compra de aportes para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años, tal como dispone la ley 27.705 y tal como informó LA NACION en varias notas.
“La decisión de no renovar el régimen de moratoria previsional debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”, consigna una de las respuestas del extenso informe oficial. Y respecto de una próxima reforma del régimen que gestiona la Anses, se sostiene que se está en una etapa de preparación de un diagnóstico, sin definiciones concretas sobre los pasos que se buscará seguir.
Por Mariano Spezzapria
“Cuando ella dice que es A, te puede gustar o no, pero es A”. Con esa frase, en el entorno más cercano a Cristina Kirchner ratificaron que mantiene en pie su idea de postularse como candidata a diputada provincial en las elecciones convocadas por el gobernador Axel Kicillof para el 7 de septiembre. Se trata, en rigor, de un compromiso que la expresidenta asumió ante intendentes que siguen reconociendo su liderazgo.
Para el kirchnerismo, que Cristina haya anticipado que se postulará en la Tercera Sección Electoral -la más populosa del conurbano- no obedeció a una mera amenaza de guerra interna, el punto más álgido de la pelea con Kicillof, sino a una estrategia político-electoral más amplia: hacerse fuerte “donde tiene los votos” y encabezar el ansiado fortalecimiento del PJ para llegar “mejor armados” a las elecciones de octubre.
“Nosotros no queríamos las elecciones desdobladas, pero dado el escenario al que Cristina accedió por la unidad del campo popular, vamos a necesitar una victoria contundente en septiembre para ir mejor armados a octubre”, razonó ante LA NACION una fuente del Instituto Patria, donde la expresidenta sigue teniendo su base política, pese a que es la jefa del PJ nacional y cuenta con la sede histórica de la calle Matheu.
Alejo Ramos Padilla, el juez kirchnerista que había dictado una medida cautelar que le impedía a Manuel García-Mansilla tomar decisiones en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado a su pliego, declaró este jueves “inconstitucional” su nombramiento por decreto, al igual que la designación de Ariel Lijo.
El magistrado hizo abrir el juzgado en pleno feriado para definir un fallo de significado político, ya que el camino de García-Mansilla y Lijo a la Corte fue frustrado semanas atrás por el Senado.
En el punto central de su definición, Ramos Padilla declara la “inconstitucionalidad” del decreto 137 de 2025, mediante el que se dispuso la designación en comisión como jueces de la Corte Suprema de Justicia de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
A través del decreto 274/2025, el Gobierno formalizó su intención de que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir en causas judiciales como querellante, un rol que permite, entre otras acciones, contar con acceso al expediente, presentar pruebas y pedir que se ordenen medidas. El decreto echa por tierra otro, de 2008, que habilitaba al organismo antilavado a ejercer ese papel. Ahora, la UIF podría dar un paso al costado en casi 200 expedientes, algunos de los cuales son de alto impacto político y atraviesan instancias decisivas, como la causa por los Cuadernos de las coimas.
El decreto busca quebrar el hábito cada vez más arraigado en el organismo a involucrase activamente en causas judiciales, una tendencia que permaneció invariable incluso durante los cambios de Gobierno, pese a los abruptos giros en determinadas causas, como Hotesur-Los Sauces, donde, luego de impulsar durante años el caso, el organismo pidió por el sobreseimiento de Cristina Kirchner.
Entre el año 2000, cuando fue creada, y 2011, la UIF casi no incursionó en el terreno judicial, pero 2012 fue un punto de inflexión: en aquel año participó en 26 procesos judiciales y dio inicio a un larga y sostenida tendencia que alcanzó en 2024 la participación en más de 260 causas judiciales. En la mayoría de ellas (198) actuó como querellante, según se desprende de informes oficiales. Son las causas que podrían perder impulso.
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