La crisis que atraviesa a Vicentin ya se extiende más allá de la operatoria de la compañía y sus socios, y comienza a impactar incluso en las locaciones donde la firma posee sus instalaciones. En la semana en que la Justicia volvió a imponer una intervención por el lapso de 120 días, y se decidió desplazar a tres directores para poner en su lugar a dos funcionarios que venían actuando como veedores en el proceso concursal, la empresa sufrió el corte del suministro eléctrico en su planta en Avellaneda, Santa Fe, a partir de una deuda multimillonaria. Si bien la firma agroindustrial logró que, previa intervención judicial, se restablezca el servicio, lo cierto es que el mismo municipio de Avellaneda salió al cruce de esa decisión argumentando que la falta de pago de Vicentin podría generar el colapso eléctrico de toda la ciudad.
El drama financiero y operativo que atraviesa la cerealera viene originando consecuencias impensadas y una muestra de ello ha sido la intervención de Gonzalo Braidot, actual intendente de Avellaneda, quien sostuvo que, si Vicentin no «normaliza» sus pagos, la cooperativa eléctrica local entrará en situación de quebranto.
«La situación de Vicentin afecta a toda la economía de Avellaneda», afirmó el mandatario comunal. «No se tiene en cuenta que no es lo mismo hablar de Cammesa, que puede soportar dos o tres meses sin pago de energía, que una pequeña cooperativa de energía eléctrica como es lo que tenemos aquí», declaró.
«Ya hay una deuda de 600 millones de pesos. Con esta previsibilidad que obliga a no cortar energía y que puede inferirse a que, si no se paga, igual se le tiene que seguir dando energía por 90 días corridos, estamos hablando de una masa de deuda que rozará los 2.000 millones de pesos«, añadió.
Braidot sostuvo que ese monto «hará que la cooperativa entre en una crisis financiera importante y con riesgos serios de no poder prestar el servicio al resto de la ciudad».
Vicentin no paga la luz y complica a toda una población
Según el funcionario, la ausencia de pagos por parte de Vicentin mantiene en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores de la prestadora de energía. Y el impacto de la deuda incluso afectaría la capacidad de la cooperativa eléctrica de atender al resto de las empresas que conforman el parque industrial de Avellaneda.
«La falencia principal en esta situación está en la falta de mesas de diálogo para tratar todo esto. La cooperativa no ha hecho más que aguantar toda la deuda de energía«, dijo.
Entre las firmas que podrían verse impactadas por una merma en el servicio eléctrico se mencionó a la Unión Agrícola de Avellaneda, que según Braidot «está apostando sus granos para que las plantas de Avellaneda y Ricardone sigan funcionando».
«La Unión Agrícola de Avellaneda aporta granos para que los trabajadores de Vicentin sigan en sus labores y al menos cobren parte de sus sueldos«, expresó el mandatario comunal.
«(La empresa) Bioenergía también sigue apostando al funcionamiento de su planta de etanol de Avellaneda», agregó. Para luego completar: «Queremos que se cuide a las pequeñas empresas que hoy están sosteniendo la sostenibilidad de Vicentin. Esto es, empresas afectadas que se ven afectadas por la decisión de un juez que, paradójicamente, decide sobre el concurso de otra empresa».
En ese sentido, Braidot remarcó que la decisión del juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Reconquista, Santa Fe, de establecer que la cooperativa de Avellaneda sostenga el suministro a Vicentin por 90 días aunque la firma no pague terminaría por dañar por completo la economía local.
«Tenemos que ver la forma de que se hagan pagos parciales de la luz para que la situación de Vicentin no afecte al resto de las empresas de Avellaneda, a la población, y los mismos socios de la cooperativa, que somos todos», concluyó.
Nueva intervención judicial en Vicentin
Tal como informó iProfesional, a principios de esta semana el juez Lorenzini dispuso la intervención del directorio de la agroexportadora Vicentin por un período de 120 días, con posibilidad de prórroga.
La medida en cuestión se tomó en un contexto crítico para la empresa, que enfrenta una deuda post concursal de al menos $30.500 millones y dificultades para abonar salarios y cargas sociales.
Los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, fueron desplazados y reemplazados por Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes ya actuaban como veedores en el proceso concursal.