El presidente Javier Milei regresará este sábado al país tras completar su gira internacional más extensa hasta el momento, y se enfocará en acelerar la firma de una serie de decretos que tienen como fecha límite el 8 de julio. Estas disposiciones —que contemplan ajustes, la eliminación de organismos estatales y reformas de fondo— son consideradas clave por el Ejecutivo antes de que se produzca el recambio en el Congreso.
En la Casa Rosada, la atención está puesta en el cronograma, ya que quedan menos de cuatro semanas antes de que caduquen las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Para avanzar con el paquete de medidas, será necesaria la firma del presidente.
Fuentes oficiales indicaron que ya hay al menos trece decretos redactados y listos para ser promulgados. Estas medidas apuntan a achicar el gasto del Estado, desactivar distintos entes públicos y concentrar funciones en áreas centrales del Gobierno.
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Ilustrativa-El Economista
La necesidad de avanzar rápidamente responde a la inminente pérdida de las herramientas excepcionales que el presidente obtuvo con la aprobación de la Ley Bases en 2024, que le permiten evitar, en algunos casos, el paso por el Congreso.
Entre las medidas más destacadas, publica Infobae, se encontrará la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta reforma podría implicar despidos de personal, la venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza.
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Asimismo, otros organismos bajo revisión serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se encontrará en la mira el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no será reglamentada, pese a que su anuncio se realizó meses atrás.
Las carteras ministeriales con el mayor volumen de reformas pendientes serán Salud, Capital Humano y Economía. Sin embargo, funcionarios del Gobierno reconocerán que cada decreto atravesará un extenso proceso de revisión legal, lo que complejizará su implementación dentro de los acotados plazos establecidos. Adicionalmente, desde el área de comunicación libertaria se señalará la posibilidad de que los anuncios se posterguen debido al feriado y a una eventual detención de Cristina Kirchner, lo que podría alterar la agenda mediática.
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Las reformas planificadas también apuntarán a la reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos descendió de 322.000 a 292.000. Paralelamente, se mantendrá congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas continuarán reclamando actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.
La incógnita principal residirá en el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, una vez que venzan las facultades delegadas. Si bien podría mantener funciones consultivas, su capacidad real para impulsar cambios se verá considerablemente reducida.
Con información de NA