El conflicto entre el Suoem y la Municipalidad de Córdoba sumó un nuevo capítulo: a partir de este jueves, se extiende a otros puntos de la provincia, con el aval de la Federación de Sindicatos Municipales de Córdoba (Fesimupc). La jugada, motorizada por el histórico dirigente Rubén Daniele, busca provincializar el reclamo salarial e involucrar directamente al gobernador Martín Llaryora, que hasta ahora observaba el conflicto como un problema circunscripto a la Capital.
La alianza entre Suoem y Fesimupc marca un quiebre respecto de las últimas experiencias gremiales, y amenaza con nacionalizar un conflicto que hasta ahora tenía como principal blanco a la gestión de Daniel Passerini. En este nuevo escenario, la Secretaría de Trabajo de la Provincia evalúa con cautela si avanzar con la conciliación obligatoria, herramienta que ya tenía lista para frenar el plan de lucha en Córdoba.
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La presencia de la Fesimupc, además, incorpora un componente político de alto voltaje. En el Centro Cívico no pasó desapercibido el renovado protagonismo de la Federación, a la que señalan como aliada táctica de Daniele en su intento por debilitar a Llaryora. En ese marco, hay quienes interpretan la avanzada gremial como un movimiento que apunta, a mediano plazo, a fortalecer la proyección electoral de Luis Juez, en el camino hacia las legislativas de 2025 y las provinciales de 2027.
Este jueves, desde las 11:45, Daniele y representantes de la Fesimupc ofrecerán una conferencia de prensa frente al Palacio 6 de Julio para anunciar la continuidad del plan de lucha. La expectativa está puesta en la respuesta del Gobierno provincial, que podría marcar un nuevo hito en la disputa.
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Por su parte, la Federación difundió en las últimas horas un duro comunicado titulado “Una rebelión de municipales en toda la provincia”, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por su política de ajuste, recorte del gasto público y desfinanciamiento de servicios esenciales. En ese texto también apuntaron contra Llaryora, a quien acusan de alinearse con la Casa Rosada sin obtener beneficios concretos para Córdoba. Denunciaron, además, la persecución a intendentes no alineados, represión de protestas y obstaculización de la organización gremial.
La Fesimupc reclamó por el manejo de la Caja de Jubilaciones, los recortes en Apross y la falta de financiamiento provincial a municipios. Cerraron el documento con un llamado a profundizar la lucha. “La Federación estuvo años inactiva y ahora parece haber despertado”, ironizó una fuente cercana a Passerini y Llaryora.