El fiscal general Cristian Olazábal, junto al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindaron una conferencia de prensa este miércoles en la Unidad Regional para confirmar tres allanamientos en la investigación por la causa denominada “Emergencia Climática II”, derivada de los episodios ocurridos en 2017 en Comodoro Rivadavia. Además, reclamaron una pronta definición del Superior Tribunal de Justicia respecto de las condenas ya dictadas.
“Hubo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales y registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos útiles para la investigación. Fueron todos consistentes en equipos informáticos”, señaló Olazabal. Uno de los allanados fue el exsecretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.
Por el deber de reserva que establece el Código Procesal Penal, evitó precisar nombres, aunque reconoció que los procedimientos alcanzaron a personas vinculadas a exfuncionarios municipales de la gestión de entonces.
El fiscal recordó el juicio que culminó en agosto de 2024 por la causa denominada “Emergencia Climática I”. El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara Penal el 4 de diciembre de 2024, momento en el cual el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los condenados a penas de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, el 24 de diciembre se les otorgó arresto domiciliario y días después el propio fiscal pidió revisar esa medida.
El expediente se encuentra a estudio del STJ tras la impugnación extraordinaria presentada por las defensas, y la fiscalía aguarda la resolución para ejecutar las penas.
El fiscal explicó que los allanamientos recientes surgieron de observaciones realizadas por el tribunal durante el debate oral, donde se detectaron “conductas atribuibles a personas no enjuiciadas en la primera etapa”.
Pese a estar sentado junto al fiscal en uso de licencia por ser ministro del gobierno provincial, Olazábal negó eventuales lecturas políticas en estos sorpresivos procedimientos a poco más de dos meses de la elección legislativa en la que el exintendente Juan Pablo Luque enfrentará a Ana Clara Romero, quien en los últimos meses recordó con denuncias mediáticas aquel desastre natural de hace 8 años.