Un 27 de marzo de 2022, día domingo, las pandillas -que venían aterrorizando a la población desde hace tres décadas- desataron una espiral de violencia y asesinaron a 62 personas en todo El Salvador. Fue ahí donde el actual presidente del país, Nayib Bukele, le solicitó al Congreso la aprobación del estado de excepción, con el fin de combatir a estos grupos criminales.
Hoy, 1000 días después de esa declaración congresional, gracias a las duras políticas de seguridad implementadas por Bukele, El Salvador puede decir que no ha registrado un homicidio durante todo este tiempo y organizaciones terroristas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 se encuentran exterminadas.
El hito fue celebrado por el mandatario salvadoreño este sábado en la red social X. «1000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno.»
«Pero creo que, en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí. Quienes siempre dicen “¡imposible!”, desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios y aceptar ser instrumentos de Él«, reflexionó el jefe de Estado.
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El modelo salvadoreño.
Cuando llegó Bukele al poder en 2019, los grupos criminales controlaban el 90% del territorio nacional y usaban este poder para extorsionar y asesinar a los vecinos que se negaban a pagar «el derecho de piso», un término usado por la delincuencia para referirse a la exigencia de pago a individuos o negocios a cambio de protección o para evitar represalias.
Apenas se declaró legalmente el régimen de excepción, miles de miembros de las fuerzas del orden recibieron la directiva presidencial de iniciar registros casa por casa en los barrios donde operaba la delincuencia. Como tal, montaron barricadas con púas y no permitieron ni el ingreso ni la salida de nadie.
En conexidad con esta ofensiva federal, el gobierno también decretó la emergencia en las cárceles, donde por orden de Bukele los reclusos permanecían en sus celdas «sin poder ver ni un rayo del sol». Los detenidos son alojados en el Centro de Confinamiento al Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida específicamente para ese fin.
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90.000 criminales detenidos.
La presencia de las fuerzas de seguridad en la calle -con un total aproximado de 30.000 uniformados todavía desplegados- y los estrictos chequeos carcelarios siguen vigentes. Esto, sumado a una reforma del Código Penal que castiga más severamente a quien tenga alguna afiliación con una pandilla, han convertido El Salvador en uno de los países más seguros del continente.
El país centroamericano cerró el 2024 con una cifra mínima de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3. En 2015, el año más sangriento registrado en el territorio desde la guerra civil, 6.656 salvadoreños fueron asesinados y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 106.
Con todo, desde que el Congreso le concedió a Bukele las facultades extraordinarias, las autoridades afirman haber capturado más 88.800 personas acusadas de pertenecer o tener presuntos vínculos con las pandillas. De ese número, unas 8.000 que fueron investigadas y que se determinó no poseían ningún nexo delictivo fueron liberadas.
