El próximo miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en medio de la creciente tensión con el Gobierno nacional por la reforma laboral impulsada por Javier Milei, los gobernadores del peronismo y de espacios opositores aliados se reunirán. ¿El motivo detrás? Definir una postura común antes de las sesiones extraordinarias del 11 de febrero, donde se tratará la iniciativa.
El principal foco del conflicto es el apartado impositivo, que propone una rebaja del Impuesto a las Ganancias y que, según las provincias, generaría una fuerte caída en sus recursos.
El encuentro todavía no tiene sede confirmada, pero fuentes de gobernaciones peronistas aseguraron que participarán mandatarios del PJ y aliados, con el objetivo de unificar criterios de cara al debate legislativo. El oficialismo pretende darle media sanción en el Senado el 11 de febrero, lo que aceleró los movimientos de la oposición territorial.
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Los gobernadores buscan definir una postura conjunta frente al tratamiento de la reforma laboral.
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Más allá de las diferencias internas sobre los cambios al régimen laboral, los gobernadores coinciden en rechazar el impacto fiscal de la iniciativa. La Casa Rosada propuso reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas del 35% al 31,5%, además de avanzar en una baja de las contribuciones patronales.
Desde las provincias advierten que esa decisión podría implicar una pérdida superior a los 3 billones de pesos para las arcas provinciales. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a relativizar el impacto y aseguró que la merma fiscal se produciría recién en 2027 y sería cercana a 1,5 billones de pesos.
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Sin embargo, el dato no tranquiliza a los mandatarios: 2027 será año electoral, y ningún gobernador quiere llegar a ese escenario con menos recursos para gestionar y enfrentar campañas.
El Gobierno buscará aprobar en esta nueva instancia la reforma laboral.
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El enfrentamiento recuerda a lo ocurrido a fines de 2025, cuando los gobernadores de distintos signos políticos lograron voltear el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.
Algo similar ocurrió en septiembre, cuando tras una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios impulsaron el proyecto de reparto automático de los ATN, aprobado por el Congreso pero luego vetado por Milei.
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Si el Gobierno mantiene su postura inflexible, en la Casa Rosada ya asoma una amenaza conocida: otra derrota legislativa impulsada por los gobernadores, incluso con apoyos que podrían ir más allá del peronismo.
Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR