Las nuevas medidas implementadas en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), el establecimiento carcelario de la provincia ubicado en Trelew, generaron un fuerte malestar entre los internos, que denunciaron restricciones en el ingreso de alimentos y cambios en las condiciones de visita. El reclamo ya llegó al juez Marcelo Di Biase, quien intervino en una audiencia para escuchar los planteos.
Según informó Jornada, entre las disposiciones más cuestionadas se encuentra la prohibición de ingresar determinados alimentos durante las visitas familiares. Productos habituales como milanesas, salamines, tartas o croquetas ya no pueden ser llevados a los pabellones, aunque algunos sí pueden consumirse en la sala de visitas. Los internos consideran que estas medidas carecen de lógica y responden más a una simplificación de controles que a razones de seguridad.
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“El problema es la falta de recursos para realizar requisas más exhaustivas”, sostuvo Pablo Hualpa, vocero de los detenidos, durante la audiencia realizada este viernes. Según explicó, el personal del penal no sería responsable directo, sino que las decisiones responden a lineamientos del sistema penitenciario. En esa línea, los internos advierten que las restricciones terminan afectando su alimentación y generando gastos innecesarios para sus familias.
Cuestionamientos por alimentos y condiciones de visita
Los detenidos también señalaron que algunas disposiciones generan desperdicio de comida. Por ejemplo, ciertos productos solo pueden consumirse en el momento y no pueden ser trasladados a los pabellones, lo que obliga a desechar lo que no se consume en el lugar. A esto se suma la exigencia de transferir alimentos como yogures o jugos a otros recipientes, lo que —según los internos— podría afectar las condiciones de higiene.
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Además, el nuevo “código de vestimenta” para visitantes generó rechazo. Las mujeres ya no pueden ingresar con calzas, prendas con capucha ni ciertos abrigos, lo que fue interpretado por los internos como una medida excesiva que dificulta el vínculo familiar. También cuestionaron que las restricciones no contemplan las bajas temperaturas ni las condiciones del lugar.
Desde el penal, la subcomisaria Pamela Vásquez explicó que algunas medidas buscan mejorar el control de seguridad, como la identificación en cámaras o evitar conflictos internos. Sin embargo, los internos sostienen que las disposiciones agravan sus condiciones de detención y afectan derechos básicos.
Ante este escenario, se convocó a una reunión entre autoridades penitenciarias, el Ministerio de Seguridad y la Defensa Pública para revisar las medidas. En caso de no haber acuerdo, será el juez quien defina si las restricciones continúan o deben modificarse.