La denuncia penal por presunta estafa que el empresario Cristóbal López presentó contra un abogado de Comodoro Rivadavia no solo tiene derivaciones en la Justicia ordinaria, sino que también abrió un expediente paralelo en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la ciudad.
Así lo confirmó el presidente de ese cuerpo sancionatorio, Jorge Echelini, quien afirmó que el caso trascendió por la relevancia del impulsor de la denuncia, pero aclaró que es común este tipo de planteos. “Denuncias por falta de ética contra abogados tenemos en número importante, entre seis y siete por mes”, indicó Echelini, al relativizar lo extraordinario de la situación. Sin embargo, reconoció que este caso adquirió notoriedad nacional por la relevancia del denunciante.
Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia
El procedimiento interno del Colegio no analiza el monto en discusión, sino la posible existencia de una falta ética. “El valor es indiferente: puede tratarse de un peso o de mil millones. Lo que se investiga es si existió el hecho denunciado y si ese hecho constituye una falta de ética profesional”, explicó el abogado, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar.
Las sanciones que pueden aplicarse van desde un llamado de atención hasta multas económicas, suspensión de matrícula o, en el extremo, la exclusión definitiva de la matrícula. No obstante, Echelini aclaró que en los últimos cuatro años de su gestión no se registraron exclusiones y dijo no recordar un castigo tan grave en la historia reciente de la ciudad.
La denuncia, presentada en el marco de la disputa empresaria del Grupo Indalo, fue recepcionada por el Tribunal de Disciplina ya recibió y está en la etapa inicial: se notificó al abogado señalado para que ejerza su derecho de defensa y ofrezca prueba. Luego seguirá la instancia de producción de pruebas (documentación, pericias y testigos); y más adelante se convocará a una audiencia de vista de causa en la que ambas partes podrán exponer sus alegatos finales.
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“El plazo que tenemos por ley es de seis meses a partir de la apertura del proceso probatorio. Pero ese plazo puede suspenderse si resulta necesario esperar el avance de la causa penal”, precisó Echelini.
De este modo, la definición del expediente disciplinario recién podría conocerse hacia comienzos del próximo año, salvo que la necesidad de aguardar la resolución penal prolongue los tiempos.
LA CAUSA PENAL AVANZA EN PARALELO
En paralelo a la investigación administrativa, la denuncia por presunta estafa continúa en la Justicia penal. Según explicó el presidente del Tribunal de Disciplina, en los casos en que ambos procesos se superponen, muchas veces es necesario esperar la definición del expediente penal para poder dictar una sentencia vinculada a la presunta violación ética.
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“Los hechos que la Justicia penal encuentra acreditados no son discutibles por la vía disciplinaria. Entonces, si no tenemos los hechos claros en nuestro proceso y están tan relacionados con la investigación penal, hay casos en que debemos esperar esa resolución”, sostuvo.
Mientras tanto, la causa penal avanza en la Justicia ordinaria, donde López acusó a su exabogado de haberle cobrado honorarios ya abonados, hecho que configuraría una maniobra de estafa.
Según la presentación judicial, López acusó a su exabogado Esteban Angjelinic de haberle reclamado honorarios por tareas profesionales que ya habían sido abonadas con anterioridad. La maniobra, de acuerdo con la denuncia, habría generado un perjuicio económico millonario para el empresario, que asegura que ya había pagado el monto reclamado, que ascendería a un valor cercano a los 1.000 millones de pesos.
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ADNSUR se contactó con el abogado denunciado, pero declinó hacer declaraciones sobre el caso que lo involucra.