Corría el año 2005 y -como casi siempre- el nivel de los salarios docentes era una preocupación. Tanto como otros temas vinculados a la inversión educativa. Fue en ese contexto, que el Congreso sancionó -con amplia mayoría- una ley que estableció que se deben “mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes”.
Tras la sanción de esa ley (“de Financiamiento Educativo”, se llamó), efectivamente el salario de los docentes empezó a rendir cada vez más. Con subidas y bajadas así siguió hasta 2017, con pico en el año 2015. Pero luego arrancó un deterioro sostenido, que terminó en una abrupta caída el año pasado.
Como consecuencia de esta caída, y al igual que en el juego de la Oca, ahora todo vuelve a empezar. Estamos en 2025, con la ley sancionada y en vigencia, y el salario real de los docentes es menor que en 2005. Pasaron 20 años.
El dato surge de un trabajo hecho por el economista Alejandro Morduchowicz y que recoge un extenso documento que elaboró CIPPEC, a raíz del Día del Maestro. Allí, la ONG presenta una serie de déficits sobre las condiciones laborales, la formación y la carrera docente. Deficiencias que, sugieren, atenta contra la calidad educativa.
El documento de CIPPEC -elaborado por Cecilia Veleda, Esteban Torre y Carla Paparella- muestra, entre otras cosas, que el sistema de formación docente está “sobredimensionado y descoordinado”, con más de 1.300 profesorados a lo largo del país. Son 31 cada millón de habitantes, muchos más que Brasil que tiene 6, Colombia 5 y Chile 4.
Aún con tantos profesorados, los resultados están lejos de ser buenos: el 55% de los aspirantes a docentes abandonan en su primer año de estudio; y 4 de cada 10 estudiantes del último año tienen dificultades de comprensión lectora. Sí, y están por recibirse de docentes.
También hay inconvenientes con la formación continua (la capacitación de los docentes una vez que están en ejercicio) y en la carrera docente (las reglas que rigen el acceso y el progreso en la profesión).
El documento de CIPPEC termina con una serie de recomendaciones para mejorar. Entre ellas, “robustecer la gobernanza del sistema formador, reorganizar la oferta formativa, mejorar la calidad de la formación, rediseñar la carrera docente, fortalecer las condiciones laborales y el bienestar docente y recuperar el prestigio y reconstruir la autoridad pedagógica”.
Clarín les preguntó a los autores si todo esto se puede hacer sin subir la inversión educativa.
“Entendemos que, en el corto plazo, hay margen para activar discusiones necesarias a nivel federal -donde la decisión política es la que prima- y, al mismo tiempo, para lograr una mayor eficiencia de los recursos. En el mediano plazo, seguramente sea necesario y deseable incrementar los recursos, fundamentalmente para mejorar las condiciones laborales de los docentes y fortalecer a los institutos de formación”, respondieron Veleda (que es investigadora principal de Educación de CIPPEC), Esteban Torre (director de Educación de CIPPEC) y Carla Paparella (coordinadora sr. de Educación de CIPPEC).
“La sostenibilidad a futuro también estará dada por una mejor planificación, la asignación inteligente de recursos y el nuevo escenario que abre la caída de la matrícula educativa”, agregaron.
Por su parte, Alejandro Morduchowicz le dijo a Clarín que “para recuperar los niveles salariales de años atrás hay dos alternativas: la deseable y la posible. La primera es generar las condiciones que permitieron esa mejora. Eso se logró a través del compromiso en la inversión educativa de los gobiernos nacional y provinciales. Esto requiere de ciertas condiciones macroeconómicas; por eso, mientras se trabaja en esa línea, habría que avanzar con la alternativa posible.
– ¿En qué consiste la posible?
– En considerar la evolución de los recursos fiscales de las provincias y compararla con la de los salarios docentes. Análisis preliminares muestran que el presupuesto educativo fue una de las principales variables de ajuste del gasto: cuando hubo caída de la recaudación, los salarios cayeron en mayor medida. A su vez, cuando aumentaron los recursos, los salarios no lo hicieron en una proporción similar. Es decir que habría margen para recuperar en términos reales ese salario.
“No trabajar en las condiciones deseables confirmaría que la educación no es prioridad en las agendas de los gobiernos nacional y provinciales. Pero no trabajar en las condiciones posibles mostraría no solo eso sino, directamente, un manifiesto desinterés en el sector”, cerró.
Ingresos devaluados
El trabajo de CIPPEC muestra que el salario promedio docente de una maestra de grado, además de tener hoy un valor real inferior a 2005, a marzo de este año estuvo por debajo de la canasta básica para un hogar de 4 integrantes.
Los docentes ganan menos que otras profesiones. De 18 actividades económicas con requisitos de formación comparables, en 15 se registran ingresos superiores a los de la docencia. Entre ellas, comercio, construcción, industria manufacturera e inmobiliaria.
Los salarios de los docentes argentinos también quedan atrás de sus colegas de la región, son muy dispares entre las provincias y hay mucha desigualdad entre los mismos docentes: en la mayoría de las provincias ganan más los de nivel secundario y superior que los de inicial y primario.
Ahora, ¿es posible mejorar las condiciones laborales en un contexto en que se eliminó el FONID (el fondo que Nación pasaba a las provincias para el pago de una parte de ese salario)? ¿Debería volver el FONID?
Desde CIPPEC, dicen que “hoy el FONID parece un instrumento agotado y el fondo de compensación salarial, una herramienta sin peso en la definición de política salarial. Los esfuerzos del Estado nacional podrían más bien orientarse a asistir a las provincias en el rediseño del sistema formador, evaluar a los estudiantes del último año de la formación docente o modificar los criterios de otorgamiento de la validez nacional de los títulos”, afirmaron.
Además, dicen desde CIPPEC, la docencia se ejerce en condiciones institucionales adversas, con poco margen para la colaboración entre pares y con demandas sociales crecientes que limitan el rol pedagógico.
La formación docente
La formación de los docentes es otro de los problemas que los afecta a ellos y a la calidad de la enseñanza. Uno de los principales inconvenientes, señalan desde CIPPEC, es la cantidad de profesorados y la falta de planificación.
Hoy, la formación que habilita a la docencia ocurre en 72 universidades y 1.344 Institutos de Formación Docente (IFD). Estos últimos dependen de los gobiernos provinciales y allí se forma el 79% de los aspirantes a docentes.
Desde la transferencia de la educación a las provincias en 1992, la cantidad de institutos casi se duplicó (si bien en los últimos 10 años la cantidad total se estabilizó).
“Este crecimiento responde a la ausencia en las provincias de un planeamiento sistemático del sistema formador, con criterios claros de apertura y sostenimiento de las ofertas”, señala Cecilia Veleda en el documento.
Como ya se dijo, hoy en el país hay 31 profesorados cada millón de habitantes. Pero la proporción cambia mucho según las provincias. En 7 hay más de 40 (con La Rioja con 83 y Chaco con 62 como casos extremos) y solo 2 provincias con menos de 20.
Pero no toda es responsabilidad de las provincias. Desde CIPPEC señalan que la Nación “no ha logrado desarrollar mecanismos eficaces para mejorar el planeamiento y la calidad del sistema formador”.
“Aunque el Estado Nacional tiene la potestad de evaluar y acreditar los IFD, esto solo se realizó entre 1998 y 1999 y aunque condujo al cierre de una cantidad menor de institutos quedó connotado negativamente en la memoria colectiva del sistema formador”, dice el documento.
El año pasado, los 24 ministros de educación aprobaron la creación del Sistema Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (SIFIECA), que busca poner orden a esta cuestión. Pero desde CIPPEC no son muy optimistas. Subrayan que, dada la complejidad del tema, puede llegar a ser un proceso muy largo.
Con respecto a la formación continua, el documento afirma que, entre Nación y provincias, hay “un mercado de ofertas dispersas, discontinuas, de calidad y pertinencia heterogénea, enmarcadas en el sistema de puntaje que estructura la carrera docente”.
Otro problema que señalan es el poco tiempo que los docentes tienen para capacitarse, teniendo en cuenta que trabajan 40 horas semanales y, además, deben planificar y corregir.
Carrera y evaluación docente
El último punto del documento está centrado en la carrera docente, es decir, las reglas que rigen el acceso y el progreso en la profesión. Los principales déficits aquí son que el ingreso mayoritariamente se da a través de suplencias; que los ascensos están basados sólo en antigüedad y acumulación de certificaciones (y no por el mérito, como en otras profesiones); y que hay muy pocas oportunidades de desarrollo profesional.
Desde CIPPEC advierten que, aún dentro de las variaciones provinciales, la carrera docente en la Argentina se encuadra dentro del modelo de carreras de “primera generación”, donde priman los criterios de antigüedad y acumulación de certificación para el ascenso, no hay mecanismos de evaluación efectivos y la estabilidad está garantizada, sin mecanismos de salida más allá de la jubilación o casos excepcionales de incumplimiento disciplinario.
En cambio, países como Chile, Colombia y Ecuador ya han hecho una reforma y han tendido a modelos de “segunda generación”. Incorporaron evaluaciones para el ingreso y el ascenso en la carrera y salariales, nuevos roles como “docente mentor” o “coordinador académico” y la movilidad horizontal, con el objetivo de promover la motivación intrínseca de los docentes en ejercicio.
El tema de la evaluación a los docentes genera rispideces en la Argentina. Los gremios docentes habitualmente se oponen. Clarín les peguntó a los autores del informe qué proponen ante este rechazo.
“Las recomendaciones son un aporte de CIPPEC a una discusión que debe ponerse en la agenda pública y donde los gremios docentes son parte necesaria del diálogo social. Las evaluaciones que se proponen en el trabajo son diagnósticas y tienen como destinatarios, por un lado, a los estudiantes de 1° año de la formación docente con el fin de garantizar condiciones básicas de ingreso y procesos de nivelación y, por otro, a quienes transitan el último año de la formación, para orientar procesos de mejora y acompañar a quienes se inician en el ejercicio de la docencia. Como tales, están pensadas como herramientas para la mejora y el acompañamiento, y podríamos imaginar una discusión constructiva en torno a su diseño”, dijeron.
– Ustedes destacan algunas recomendaciones. Si tuvieran que empezar por una, la más urgente, ¿Cuál sería?
– La urgencia es instalar la necesidad de fortalecer la profesión docente. No hay una bala de plata, pero hay llaves que pueden poner en marcha procesos clave. Por un lado, implementar sistemas de gestión e información que permitan conocer mejor la situación actual del sistema formador en términos de ofertas, formadores, estudiantes y trayectorias para promover un mejor planeamiento. Por otro, iniciar un proceso de mejora de las condiciones laborales que incluya una recomposición progresiva del salario y una articulación con otros sectores (salud, justicia, seguridad) que permita a los docentes enfocarse en su tarea pedagógica.