Gran expectativa en Neuquén por la lectura del veredicto en la causa por estafa con planes sociales. Este martes a las 11, los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita darán a conocer su decisión sobre los 12 imputados, a quienes la fiscalía acusa de defraudación en perjuicio del Estado y asociación ilícita.
Por decisión del tribunal, la lectura se podrá seguir en YouTube, aunque se acordó no mencionar los nombres de 39 personas bajo reserva, de las cuales 22 fueron propuestas por las defensas y 17 por la fiscalía. Entre ellas hay varios “arrepentidos” que declararon contra sus compañeros del ex Ministerio de Desarrollo Social.
La omisión de nombres busca proteger la identidad de testigos y colaboradores de la causa, mientras que el resto del veredicto será difundido en tiempo real, permitiendo a la sociedad seguir la resolución de manera directa.
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La trama del caso
Durante 32 audiencias, con más de 70 testigos, se detalló cómo, según la fiscalía, se habría montado un sistema para desviar fondos millonarios de planes sociales. El caso se dividió en dos grupos:
- Grupo Rivadavia: exfuncionarios de la vieja Dirección de Planes Sociales, entre ellos Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna. Las pruebas contra ellos son las más sólidas, y algunos incluso admitieron responsabilidad parcial.
- Grupo Anaya: exjefes del Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo al exministro Abel Di Luca y al excoordinador provincial Tomás Siegenthaler. Contra ellos declaró una testigo clave arrepentida, que conectó ambos grupos a través de pericias contables y análisis de computadoras secuestradas.
Expectativa política y judicial
Las defensas realizaron contrainterrogatorios intensos a los peritos, buscando cuestionar la evidencia. Ahora, los jueces deberán decidir qué peso darle a cada prueba, y su decisión será clave no solo para determinar culpabilidades, sino también para enviar un mensaje sobre la administración de fondos destinados a sectores vulnerables.
Se estima que la decisión judicial marcará un hito político en la provincia, dado que los hechos juzgados abarcan de septiembre de 2020 a julio de 2022, durante la gestión del Movimiento Popular Neuquino. Los abogados y expertos anticipan que habrá responsables y que la discusión de penas podría realizarse recién en febrero de 2026, con un rango de 4 a 10 años de prisión efectiva.