Aunque en un año de pesquisas en el Congreso no han conseguido encontrar pruebas de crímenes o faltas, la Cámara de Representantes de EEUU ha votado este miércoles autorizar formalmente el ‘impachment’ al presidente, Joe Biden. Los republicanos, en control de la Cámara Baja, han autorizado la apertura formal de la investigación, un paso que formalizará las indagaciones que han estado realizando hasta ahora y les dará más autoridad para acometer ese trabajo.
Ese paso es denunciado como una estratagema política y una “expedición de pesca” por los demócratas, y es visto por muchos como un esfuerzo de los conservadores para tratar de desviar la atención de los problemas legales del expresidente Donald Trump, favorito republicano para 2024.
Obsesión
Desde que se hicieron con el control de la Cámara Baja, e incluso antes, la investigación del presidente ha sido una obsesión de los republicanos y, en especial, del ala más radical del partido. Al llegar al frente de los comités pusieron en marcha investigaciones y el pasado septiembre el entonces ‘speaker’, Kevin McCarthy, en una concesión a los ultras, autorizó unilateralmente y sin someterlo a votación del pleno de la cámara, como había prometido, el arranque oficial de la investigación previa.
Ahora, con el ultraconservador Mike Johnson en la presidencia de la Cámara, y tras superar las reticencias de congresistas republicanos más moderados y elegidos por distritos disputados, se disponen a dar un paso más. Y lo hacen aunque en el trabajo que han realizado hasta ahora, con vistas, citaciones y requerimientos a través de los que han acumulado miles de páginas de documentos y testimonios, no han conseguido hallar nada que apuntale sus acusaciones, centradas en la supuesta corrupción de Biden, especialmente en lo que se refiere a posibles vínculos a los negocios en el extranjero de su hijo Hunter.
La resolución que someten a votación sigue sin presentar acusaciones formales contra el presidente para un juicio político, pero amplía la autoridad y poderes de los tres comités que investigan, que, según ha explicado Johnson, se centran en cuatro áreas: los millones de dólares que obtuvieron de negocios en el extranjero Hunter Biden y James Biden, hermano del presidente; declaraciones falsas o engañosas que hizo el actual mandatario sobre el trabajo de su hijo; conversaciones o encuentros que tuvo con socios de negocios de su hijo y los 240.000 dólares que recibió como pagos de préstamos que había hecho tanto a su hermano como a Hunter.
Citación a Hunter Biden
La resolución da además validez a pasos que los republicanos han dado en las pesquisas previas y cuya legitimidad, ante la falta de votación que formalizara todo el proceso, se ha cuestionado. Uno de esos pasos fue una citación para interrogar a puerta cerrada a Hunter Biden, un proceso al que el hijo del presidente se ha negado hasta ahora, aunque ofreciéndose a someterse a una vista pública.
Es un ofrecimiento que renovaba este miércoles por la mañana, el día marcado en la citación, en una aparición ante la prensa delante del Congreso, en la que ha vuelto a defender la inocencia de su padre y a denunciar a los republicanos por lo que ha llamado “investigaciones ilegítimas”.
“No hay pruebas que apoyen sus acusaciones de que mi padre estaba involucrado financieramente en mis negocios porque eso no sucedió, ni en mi trabajo como abogado, ni como consejero de Burisma, ni en mi alianza con un empresario chino, ni en mis inversiones en EEUU y en el extranjero ni como artista”, ha asegurado el joven Biden, que ha reconocido haber cometido “errores” en su vida y está imputado por nueve cargos de fraude fiscal en Delaware, además de con otros tres en California vinculados a la compra de un arma en uno de sus momentos de adicción a las drogas.
“No quieren un proceso abierto en que los estadounidenses puedan ver sus tácticas, exponer su investigación sin base o escuchar lo que tengo que decir”, ha denunciado también en su aparición ante la prensa, en la que no ha aceptado preguntas y ha justificado su rechazo a ser interrogado a puerta cerrada asegurando que trata de evitar que los republicanos hagan filtraciones interesadas y que puedan tener “distorsiones, pruebas manipuladas y mentiras”.