El jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, y el fiscal jefe de la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en Las Golondrinas para informar sobre el estado de la investigación judicial por el incendio ocurrido en el área de Puerto Patriada, que ya consumió 15 mil hectáreas en apenas ocho días.
Ambos funcionarios coincidieron en que la causa se encuentra en una etapa preliminar, aunque con avances considerados “relevantes”.
Según se informó, la investigación se fortaleció a partir de testimonios espontáneos aportados ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), cuyos declarantes solicitaron reserva de identidad, lo cual estaba contemplado en la recompensa de 50 millones de pesos que ofreció el Gobierno provincial.
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Esas declaraciones permitieron orientar la pesquisa hacia personas del entorno cercano al lugar donde los peritos establecieron el inicio del fuego.
Uno de los ejes centrales del análisis surge del relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en el Puente Salamín y en el Camping Municipal de El Hoyo. En esos registros se observan, pocos minutos después de iniciado el incendio, dos camionetas circulando con una carga inusual. De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, los vehículos transportaban cajas y efectos personales, en un movimiento que llamó la atención de los investigadores por su similitud con una mudanza realizada en un contexto temporal crítico.
Siempre según los testimonios incorporados a la causa, esas camionetas pertenecerían a una comunidad asentada sobre el camino a Puerto Patriada, a escasa distancia del punto donde se habría originado el foco ígneo.
En ese marco, García indicó que la investigación también contempla la hipótesis de un conflicto interno por la tenencia de tierras dentro de esa comunidad.
La situación estaría vinculada al arribo, hace aproximadamente dos años, de una mujer proveniente de la provincia de Buenos Aires que habría solicitado su reconocimiento como integrante del grupo. El rechazo a ese pedido habría derivado en tensiones previas, con antecedentes de intervención judicial y medidas de restricción entre las partes.
ALLANAMIENTOS, ESTUPEFACIENTES Y GRANADAS
A partir de estos elementos, la Fiscalía solicitó y obtuvo la autorización para realizar tres allanamientos, orientados principalmente a la preservación de evidencia digital. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cinco teléfonos celulares, pertenecientes tanto a personas directamente involucradas en el conflicto como a terceros que habrían participado en el traslado de pertenencias.
En uno de los domicilios allanados también se detectaron estupefacientes, lo que dio lugar a la intervención de las áreas especializadas de la policía provincial.
Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas. Los procedimientos, señalaron, tienen como objetivo confirmar o descartar responsabilidades y dar respuesta a la información aportada por vecinos y testigos.
Por último, el jefe policial se refirió al hallazgo de seis granadas en la localidad de Epuyén y precisó que ese hecho no guarda relación, por ahora, con el incendio de Puerto Patriada. Se trata de una investigación independiente que avanza por un carril separado.
Desde el MPF indicaron que la causa continúa en análisis y que las novedades serán comunicadas de manera oficial conforme avancen las pericias y el estudio del material recolectado.