Damián Kennedy es investigador y Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo CEPED/IIEP (UBA-CONICET). Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y es especialista en mercado laboral. Lo entrevistamos a propósito de los 50 años del golpe genocida en nuestro país para indagar sobre los efectos de las políticas económicas de la dictadura (sustentadas en la represión y un genocidio de clase) en las condiciones de vida de la clase trabajadora, cómo se expresaron en el poder adquisitivo del salario, y las consecuencias de su perdurabilidad en el tiempo hasta nuestros días.
– ¿Cómo evolucionó el salario real de los trabajadores durante la dictadura militar de 1976 en relación a las décadas previas? ¿Se puede decir que la dictadura marcó un quiebre? ¿Por qué?
Para comenzar, lo primero que quisiera remarcar es cómo uno enfoca al salario. Aunque pueda resultar una obviedad, nunca debe perderse de vista que en un modo de producción donde la fuerza de trabajo constituye una mercancía, el salario debe representar valor que permita una normal reproducción de esta, no solo como una necesidad inmediata del trabajador/ la trabajadora y su familia, sino como una necesidad del propio proceso de producción, que requiere (y se valoriza gracias a) esa fuerza de trabajo. Así, y más allá de las dificultades que puedan estar implicadas en un cómputo concreto, cuando la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor se constituye en una fuente extraordinaria de valorización del capital individual que la emplea (extraordinaria en relación con la plusvalía “ordinaria”). Este punto a mí me resulta crucial a los fines de la pregunta, porque el salario aparece como “variable de ajuste” no sólo en los modelos de la economía mainstream, sino también en los planteos más difundidos de la acumulación de capital en nuestro país y, consecuentemente, en diversas expresiones políticas.
Desde una mirada de largo plazo, creo que la principal tendencia a destacar es el quiebre que se observa desde mediados de los años setenta, cuando se revierte la tendencia creciente que hasta entonces evidenciaba. Incluso más, en 1989 (como reflejo de la crisis hiperinflacionaria) y en 2002-2003 (como reflejo de la explosión del régimen de convertibilidad), el salario real promedio se encontró en niveles similares al vigente en 1946 (esto es, inicios del primer gobierno peronista). Y para observar eso no hace falta posicionarse en el nivel alcanzado en 1974 (el máximo de la serie, que se presenta junto con el de 1973 como algo “llamativo”, teniendo en cuenta los niveles de los años previos), sino a inicios de la década del setenta.
Indudablemente la dictadura marcó un quiebre… respecto a 1974/1975, el retroceso hacia 1977 y 1982 se ubicó entre el 35% y el 40%, mientras que en relación con los niveles de inicios de la década del setenta el retroceso resultó aproximadamente del 25%
En este sentido, indudablemente la dictadura marcó un quiebre, que tuvo como un primer elemento central lo que sucedió con el salario en el propio lapso en el cual gobernó. Respecto a 1974/1975 (y aquí si vale la comparación con dichos años), el retroceso hacia 1977 y 1982 se ubicó entre el 35% y el 40%, mientras que en relación con los niveles de inicios de la década del setenta el retroceso resultó aproximadamente del 25%. Huelga decir que esta evolución es una de las tantas expresiones de la cruda política represiva sobre los trabajadores llevada adelante por la dictadura.
– ¿Cómo estamos hoy a nivel salarial en relación con la situación previa a la dictadura? Si pudiéramos marcar alguna relación entre salarios, crisis económicas y recuperaciones entre los ´70 y 2025, ¿Qué destacarías?
Creo que el quiebre en términos de largo plazo es tal porque la situación instalada desde entonces perduró en el tiempo, bajo la forma política de la democracia. Ya comentamos los “pozos” de 1989 y 2002-2003. A eso hay que agregar que, siempre hablando del promedio anual general y más allá de (ni) un puñado de años, solo en el lapso 2011-2018 el mismo se ubicó por encima de los niveles de inicios de los setenta. Dicho de otra manera, en los cincuenta años que nos separan del golpe de estado de marzo de 1976, en el mejor de los casos solo en diez el salario se mostró en niveles similares a dicho momento.
Aún peor es la imagen que se desprende de la comparación internacional del salario considerando el criterio de paridad de poder adquisitivo: mientras que antes de la dictadura el nivel salarial argentino promedio se encontraba en torno al nivel del salario promedio de países como Australia, Francia, España o Italia, en la actualidad el mismo se ubica en niveles similares a los de Chile o Colombia. En otros términos, la profundidad de la transformación es tal que aun considerando el crecimiento del salario ocurrido particularmente durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner no se evitó la caída relativa respecto al resto de los países para los cuáles contamos con información a partir de una metodología homogénea.
Dado que no hay un proceso de descalificación de la fuerza de trabajo (es decir, de retroceso en sus capacidades productivas) ni de disminución de las horas trabajadas (más bien al contrario), esa evolución del salario la interpretamos como un indicador (entre otros) de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor (como se ve y como referenciaremos luego, de magnitud variable en el tiempo). Las razones de fondo de ello son tema para discutir largamente; indudablemente, la incapacidad de los capitales que producen en Argentina de desplegar una productividad al nivel que rige mundialmente en la generalidad de las mercancías se encuentra en el centro de la cuestión.
Más allá de las razones de fondo de ello, interesa aquí remarcar que no corresponde decir que “el salario está en un nivel más alto que lo que la productividad permite”, sino más bien que “los trabajadores pagan con su trabajo la menor productividad que los capitales que contratan su fuerza de trabajo”. Parece una sutileza, pero no lo es, pues las implicancias políticas de una u otra afirmación son radicalmente opuestas.
En tal contexto general, si uno mira lo sucedido desde el estallido de la convertibilidad, es claro que desde 2007/2008 el poder adquisitivo del salario superó el nivel vigente durante dicho régimen y que en el lapso 2011-2017 evidenció niveles comparables al de inicios de la década del setenta. No obstante, como se deduce de lo que planteábamos antes, desde el punto de vista histórico ese nivel se presenta más como una excepción que como algo consolidado; en efecto, desde la crisis de 2018 hasta la actualidad el salario volvió a desplomarse un 25%, fundamentalmente por lo ocurrido en 2018-2019 y en 2024.
Así, el nivel actual (sin vistas de recuperación, al menos en las condiciones actuales) tiende a parecerse al nivel consolidado en la década del noventa, cuando significó un 80% del poder adquisitivo vigente a inicios de la década del setenta. Este punto debe tenerse muy presente en un contexto donde procura instalarse que el salario en dólares está en un máximo o afirmaciones por el estilo; desde el punto de vista de los vendedores de fuerza de trabajo, cuando hablamos del salario interesa la masa de valores de uso que podemos comprar con nuestro salario.
Como cuestión adicional a las grandes tendencias que se evidencian en el largo plazo, creo que un punto que también debe tenerse en cuenta es la elevada volatilidad del poder adquisitivo del salario a lo largo de toda la serie, que desde el quiebre implicado con la dictadura no hizo más que profundizarse. Se trata de un proceso de acumulación de capital con ciclos muy agudos (dada la centralidad de la renta de los recursos naturales y de los ciclos de endeudamiento externo), que se descarga dicha particularidad sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.
Obviamente que la preocupación no se agota en la cuestión salarial. En comparación con la situación previa a la dictadura (y en este punto de modo general solo uno puede referirse a 1974, por disponibilidad de información estadística a partir de la Encuesta Permanente de Hogares), se han agudizado prácticamente todas las dimensiones asociadas a la venta de la fuerza de trabajo, de lo cual podemos hacer un rápido repaso. En los años noventa explotó como algo novedoso para la economía nacional la desocupación, que aún antes del estallido de la convertibilidad era del 18% de la población económicamente activa. Ese desempleo estuvo de alguna manera “oculto” en la década anterior, cuando proliferaron las ocupaciones de baja escala (lo que suele caracterizarse como “empleo refugio”), con una elevada presencia del cuentapropismo de subsistencia. A la vez, en todo ese lapso de retracción de la demanda de fuerza de trabajo en general y de trabajo asalariado en particular, se expandió el no registro del vínculo laboral asalariado (el trabajo “en negro”).
El claro cambio de dichas tendencias (de igual modo a lo ocurrido con el salario) hasta mediados de la primera década del siglo XXI no llegaron a revertir la profundización de la precariedad laboral, la cual en la última década ha vuelto a manifestar una tendencia creciente. Así, en la actualidad los asalariados no registrados y los independientes monotributistas (es decir, excluyendo autónomos) e informales representan más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada. En este sentido, las nuevas formas de ocupación parecieran estar renovando las fuentes de “empleo refugio”, dejando planteada la pregunta de hasta qué punto el desempleo abierto sigue constituyendo -al menos en tales circunstancias- un indicador relevante para dar cuenta de la realidad de la fuerza de trabajo (más allá que no debe descartarse que en un futuro pueda volver a constituirse en una problemática de centralidad excluyente, tal como sucedió en la década del noventa).
– ¿Qué fuentes utilizan en el CEPED para realizar sus estudios sobre la evolución del salario, los ingresos y su distribución? ¿Cuáles son las principales limitaciones que encontraron a la hora de realizar una comparación de largo plazo?
Una primera aclaración que hay que realizar es acerca de las limitaciones de la serie de salario real sobre la que acabamos de hablar. Por un lado, en tanto es un promedio que surge de condiciones de empleo de la fuerza de trabajo diferentes, diferencias que a lo largo del tiempo se han profundizado (mayor dispersión salarial, mayor precariedad laboral, etc). Esto hace que hablar de “un” salario real resulte cada vez menos representativo. Por el otro, a medida que nos alejamos del momento actual las estimaciones resultan menos precisas, dado que tienen un mayor trabajo de empalmes (esto es, cómo unir series que abarcan distintos lapsos temporales), conciliación de fuentes, etc., en particular, desde 1992 hacia atrás. En cualquier caso, la serie construida resulta sumamente útil a los fines de tener una imagen de la tendencia de largo plazo de la situación general.
La fuente principal a partir de la cual se construyó el salario real de largo plazo son las Cuentas Nacionales, en particular las correspondientes a los años base en 1950, 1960, 1993 y la actualmente vigente, 2004. Con mayor o menor grado de apertura, en dichas fuentes se encuentra disponible la información de la denominada “distribución funcional o primaria del ingreso” o “cuenta generación del ingreso”, esto es, de la masa salarial y la cantidad de asalariados, de modo que resulta sencillo el cómputo del salario en cada una de ellas, donde el aporte que uno hace viene por el lado del empalme de dicha información. Dado el gran trabajo de sistematización, recopilación y conciliación de la información que se realiza a tales fines, creo que es la mejor fuente a los fines de un análisis general del salario como el que aquí estamos considerando.
No obstante, el principal escollo surge en el caso de las bases que no presentan dicha información, lo cual corresponde a las bases 1970, 1986 y parte de la de 2004. Así, para los lapsos 1973-1992 y 2008-2015 hay que recurrir a fuentes alternativas (oficiales y no oficiales) a los fines de cubrir esos “huecos”. En este sentido, el primero de dichos lapsos (en trabajos conjunto en el CEPED con Javier Lindenbom y Juan M. Graña) lo hemos cubierto principalmente a partir de tres fuentes: el trabajo de Llach y Sánchez (1984) para el lapso 1973-1979, el trabajo conjunto entre Banco Central y la Oficina de Buenos Aires de la CEPAL para el lapso 1980-1986, y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dichos trabajos los realizamos hacia mediados de la década del dos mil, en búsqueda de una estimación de la participación asalariada en el ingreso, ausente en nuestro país. Afortunadamente, hacia 2006 se publicó la Cuenta Generación del Ingreso de la base 1993, que abarcó el lapso 1993-2007.
Posteriormente la serie se ha ido actualizando a partir de la utilización conjunta de la información correspondiente a Asalariados privados registrados que publica el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE, perteneciente al ex – MTEySS) y la ya referida EPH. Finalmente, a partir de la publicación en 2016 de la CGI base 2004, que presenta información desde 2016, junto con Matías Sánchez y Laura Pacífico (ambos integrantes del CEPED) hemos desarrollado un empalme entre la base 1993 y 2004, que incluyó completar el “hueco” 2008-2015. Desde allí la información del salario se corresponde con la de la CGI 2004.
En tal contexto, cabe destacar que en la actualidad nos encontramos procurando ajustar la “parte” de dicha serie que corresponde a asalariados no registrados, habida cuenta de la creciente subcaptación de ingresos que empezó a verificarse desde mediados de la década del dos mil hasta 2023 por parte de la EPH (que en el CEPED hemos trabajado con Ignacio Paola). Este ajuste no tendrá un impacto fuerte en la serie de salario promedio analizada previamente, dado el bajo peso que la masa salarial de los asalariados no registrados representa del total, pero implicará un efecto relativamente importante en la serie de salario específica de estos asalariados. Como cuestión adicional vinculada, siendo que resulta razonable extender esta problemática a las distintas formas de ocupación (y de percepción de ingresos en general), y siendo que la EPH es la fuente por excelencia para el cómputo tanto de la distribución personal del ingreso (coeficiente de Gini, brechas de ingreso por decil) como de la proporción de población en situación de indigencia y/o pobreza, resulta relevante mencionar que un ejercicio concreto que procure subsanar la subcaptación probablemente modifique en algún grado la información conocida de distribución y pobreza (tal como algunas investigaciones ya han puesto en evidencia para algunos años puntuales).
Para finalizar, me gustaría mencionar que en los últimos veinte años existe, de modo adicional a la CGI, un importante abanico de fuentes oficiales de información salarial, cada una de las cuáles tiene diferente modalidad de captación, cobertura territorial, alcance respecto a los asalariados a los que representa, conceptos del salario, periodicidad, etc. Por citar algunos ejemplos, a) la EPH es una encuesta trimestral a los hogares, que procura abarcar la totalidad de los asalariados, b) el índice de salarios se confecciona a partir de encuestas para los asalariados registrados privados y públicos y la EPH para los asalariados no registrados, c) el SIPA (procesado y publicado por ARCA, OEDE, etc) se basa en las declaraciones juradas de los empleadores y abarca, por tanto, exclusivamente a los asalariados registrados, y d) el salario conformado de convenio publicado por ex – Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, con base en los acuerdos y convenios colectivos homologados. Dada la gran difusión que adquiere la información provista por cada una de estas fuentes cada vez que periódicamente se publican, creo que resulta fundamental conocer las diferencias entre cada una de ellas, para ser criteriosos con su interpretación. En este sentido, en varios Documentos de Trabajo del CEPED recientes hemos presentado una comparación metodológica y de información de cada una de dichas fuentes.