El proyecto de ley ómnibus que el Gobierno envió al Congreso traspasa la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, crea el juicio por jurados a nivel federal y define las funciones de la Oficina Anticorrupción manteniendo su facultad de querellar.
En el artículo 439 se instruye al Gobierno “a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la justicia nacional a la CABA en un plazo máximo de tres años”.
Se trata de una medida establecida en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 pero que es resistencia por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
Otro de los cambios tienen que ver con la Oficina Anticorrupción a la cual el kirchnerismo la había retirado como querellante de juicios por corrupción contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios. Incluso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había opinado a favor de quitarle la facultad de querellar en una causa penal.
Sin embargo, el proyecto autoriza a la OA, a cargo del abogado Alejandro Melik, “a constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia. M. N. Ejercer todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.”
Noticia en desarrollo