La iniciativa busca endurecer las condenas, eliminar la posibilidad de excarcelación y establecer agravantes en casos específicos, como cuando los incendios afectan bosques protegidos o tienen fines intimidatorios.
Actualmente, el Código Penal contempla penas de 3 a 10 años de prisión por incendios intencionales, y de hasta 20 años si hay víctimas fatales. Sin embargo, el nuevo proyecto propone:
Aumentar las penas a un rango de 4 a 12 años de prisión.
Elevar las condenas a hasta 25 años si el incendio causa muertes o pone en peligro a la población.
Eliminar la excarcelación, impidiendo que los acusados obtengan la libertad durante el proceso judicial.
Agravantes propuestos
La reforma también establece agravantes en ciertos casos, como:
Si los incendios afectan bosques, ecosistemas protegidos o infraestructura crítica.
Cuando el fuego se utiliza con fines intimidatorios hacia el Gobierno.
Si el incendio pone en riesgo recursos naturales esenciales para el país.
El ministro de Defensa, Luis Petri, incluso sugirió que algunos incendios podrían calificarse como actos de terrorismo, lo que conllevaría penas aún más severas. “La Justicia debe imputar a los responsables no solo por estrago o incendio, sino también por terrorismo. Estos hechos deben terminarse”, declaró.
El proyecto surge en un contexto crítico, con más de 37.000 hectáreas devastadas por incendios forestales en provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén. Según funcionarios del Gobierno, muchos de estos incendios habrían sido provocados intencionalmente con fines políticos.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversias. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron que podría criminalizar a sectores sociales o protestas legítimas, especialmente si no se presentan pruebas contundentes. El debate legislativo será clave para definir los alcances y posibles impactos de esta reforma en la legislación penal argentina.
Fuente: Infobae