“Creo que está quedando claro que existen una serie de obras por las cuales hay un costo, ese costo debe ser cubierto, lo que hay que determinar es por quién y qué monto. Claramente hay obras, hay necesidad de que sufraguen esas inversiones que se hacen y lo que hay definir es de qué manera se distribuye ese costo”, dijo la canciller Diana Mondino el miércoles al caer la tarde en Asunción. Algo que ya había anticipado Clarín el día anterior de fuentes en Argentina.
A Mondino, presente en su primera reunión de cancilleres del Mercosur, le habían dado la palabra sus colegas en una conferencia en la que con esa frase respondió que el gobierno de Javier Milei tiene intenciones de seguir cobrando el peaje en el tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay, vigente desde enero de 2023.
Y que lo que está dispuesto a discutir -y eventualmente abaratar- es el monto de la tarifa. Esta es de 1,47 dólares la tonelada de carga en el tramo Confluencia Santa Fe Norte para las embarcaciones que iniciaron su viaje en puertos extranjeros, no importa su bandera, y de 1,47 pesos para las que salieron de puertos nacionales.
La mayoría de las barcazas que navegan por la Hidrovía son paraguayas, aunque sus dueños son empresas de Brasil o la Argentina que se fueron del país por las malas condiciones para operar aquí.
Ese cobro, establecido por el gobierno de Alberto Fernández al nacionalizar la Administración General de Puertos fue motivo de continuas críticas del gobierno de Mario Abdo Benítez y de su sucesor, el presidente Santiago Peña, al que terminaron apoyando todos los países del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la Hidrovía. Son también Brasil, Uruguay y Bolivia, que comparten el uso de este curso de agua central para el comercio regional, porque es la salida de las exportaciones de granos.
Mondino hizo esas declaraciones tras reunirse con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en el marco una reunión del Mercosur. Por el paro, viajó por avión hasta Formosa, y por tierra hasta Asunción, junto al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la canciller, embajador Mariano Vergara y la directora del Área, Roxana Sánchez.
Los ministros hablaron de los planes para reanimar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, estropeado en diciembre. Pero en ese marco surgieron los temas de Hidrovía y Yacyretá.
”Por primera vez la Argentina reconoce que el peaje sobre la hidrovía se impuso de manera unilateral y arbitraria” dijo este jueves con buena receptividad Raul Valdez, presidente Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM) y uno de los dirigentes que más se opuso al peaje establecido por la administración Fernández.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur. De izquierda, Omar Paganini de Uruguay; Diana Mondino, de Argentina; Ruben Ramírez Lezcano, de Paraguay, Mauro Vieira, de Brasil y Celinda Sosa, de Bolivia, Foto. APEn la cancillería de Ramírez, que chocó fuertemente con el ministerio de Sergio Massa, emitieron un comunicado cauteloso informando el Grupo de Trabajo de la Hidrovía se reunirá para “avanzar hacia una solución definitiva”.
E informaron que otro de los temas abordados fue lo relacionado a la Entidad Binacional Yacyretá donde se determinó “buscar un acuerdo amplio que permita atender los diferentes aspectos de manera a armonizar el funcionamiento institucional” en medio de los reclamos que se hacen ambos países. Los paraguayos reclaman una deuda millonaria por el uso de la energía de la represa por parte de Argentina.
A su vez, el titular de la Administraciones de Navegación y Puertos de Paraguay, Julio César Cáceres, dijo ahora que no eran reacios al peaje. “Hay dos premisas básicas: el cobro de peaje por obras está contemplado en el tratado de Sierra. Los 4 países no tenemos certezas de que las obras se hayan efectuado y que sean de utilidad para la navegación fluvial” aclaró.
Javier Milei y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, designaron a Gastón Benvenuto como interventor de la Administración General de Puertos (AGP). Desconocido para el sector, es el hombre que deberá demostrarle a los vecinos de la Hidrovía que las obras que se hagan justifican el peaje y el monto del mismo. Y es, también, quien llevará adelante la licitación sobre la Vía Navegable Troncal (VNT) que prepara el gobierno nacional.
Hubo durante el año pasado fuertes choques, dichos y desmentidas entre el gobierno paraguayo y el exministro Sergio Massa y el ex ministro de Transporte Diego Giuliano por la Hidrovía, mientras que desde la Cancillería se llevaron adelante reuniones bilaterales y regionales en las que Asunción y los vecinos reclamaban que la Argentina demostrara que las obras que se hacen en el tramo argentino justificaban el monto cobrado a lo largo de 2023.
Los paraguayos decían que no estaba demostrado y los argentinos que sí. Más aún, estos últimos llegaron a detener barcazas, como una de una empresa brasileña, que obligó a Itamaraty a fijar posición contra el cobro del peaje.
La canciller Diana Mondino con su par de Uruguay, Omar Paganini. Se reunieron en Asunción en el marco de una cumbre de cancilleres del Mercosur
Deuda con Uruguay
Este jueves, según pudo este medio, también hubo reclamos desde Uruguay por la fuerte herencia comercial recibida. De acuerdo con la información publicada primero por El País y luego reconfortada por Clarín de fuentes uruguayas, el canciller Omar Paganini le planteó a Mondino en la bilateral que mantuvieron en Asunción la “preocupación” oriental por la deuda comercial “que argentinos mantienen con proveedores uruguayos.
Según el diario vecino, hasta la semana pasada las empresas argentinas debían unos US$ 20 millones aproximadamente, pero ahora la cifra actualizada se constata que supera los US$ 80 millones.
“Esa lista previa aún está en construcción”, por lo que “son unos US$ 80 millones” por ahora, pero “será más alta”, aseguró el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Facundo Márquez. El gremio busca que se salde la deuda comercial de los importadores argentinos mantienen con proveedores orientales.
Se habla, según El País, de “lácteos, medicamentos, productos veterinarios, pinturas, cueros, grasas y aceites, autopartes, productos químicos, materiales e instrumentos médicos y maquinaria industrial”.
El otro tema que se habló con Uruguay está relacionado con el dragado del canal que va al puerto de Montevideo y que los vecinos buscan modernizar. El gobierno kirchnerista accedió a un pedido de que de 12 metros fuera a 13 pero nunca contestó el nuevo pedido uruguayo de llevar a a 14 metros de profundidad.
SN