El Gobierno nacional volvió a advertirles a los mandatarios que si sus diputados no aprueban los capítulos económicos del proyecto, el ajuste lo sufrirán sus provincias. La negociación sigue, pero los bloques dialoguistas ratificaron que harán caer en el recinto artículos como la suba de retenciones.
25 de enero 2024, 19:00hs
Cuando parecía que el principio de acuerdo entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores para aprobar parcialmente la Ley Ómnibus podía traer algo de distensión política, terminó sucediendo todo lo contrario. El Gobierno nacional insiste en cargar públicamente contra los mandatarios provinciales, que se resisten a acompañar con sus diputados una suba de retenciones o un posible ajuste a los jubilados, entre otros artículos del paquete de reformas.
Pero también crece el enojo entre los gobernadores de distinto color político, donde califican la ofensiva nacional como “contraproducente”, entienden que el Ejecutivo busca un “chivo expiatorio” y advierten que las tensiones y el desgaste complican a un más la discusión del megaproyecto en el Congreso, y no modificará el rechazo de puntos clave.
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El miércoles a la madrugada, luego de sucesivos encuentros de una decena de gobernadores de JxC, el PJ disidente y fuerzas provinciales fundamentalmente con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero también con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y conversaciones con el ministro de Economía Luis Caputo, el Ejecutivo nacional se aseguró -previa introducción de nuevas modificaciones- un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus en Diputados.
El PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal (que lidera Miguel Pichetto, en estrecho vínculo con gobernadores de JxC) e Innovación Federal (diputados que responden a mandatarios de partidos provinciales) avisaron que acompañaban el dictamen en “disidencia” con cientos de artículos y aseguran que en una posible sesión, que sería la próxima semana, varios capítulos como el de la suba de retenciones caerán en el recinto.
Sin esos bloques, La Libertad Avanza no tiene posibilidad de abrir una sesión ni de aprobar un proyecto en general. En un clima cargado de tensión, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista continuaban este mismo jueves en la Cámara Baja con reuniones entre funcionarios y legisladores en el despacho del presidente de Diputados, Martín Menem.
Pero en las últimas horas, Caputo publicó un mensaje en redes sociales que primero generó sorpresa entre los gobernadores y los bloques opositores, y luego irritación: advirtió que si algún artículo económico de la ley es rechazado, el Gobierno estará obligado a “delinear todas las partidas provinciales”.
Al cruce salieron rápidamente los jefes de bloques dialoguistas -como el radical Rodrigo De Loredo y Pichetto- y también diputados de esas bancadas que responden y actúan como voceros parlamentarios de los gobernadores de las provincias por las que fueron electos, no solo de lo que era JxC, sino también del peronismo cordobés.
“Después de la colaboración que hubo para que tengan un dictamen de mayoría, que ni siquiera hubieran logrado eso, lo de Caputo es un tiro en un pie en la relación con las provincias”, advertían muy cerca de uno de los mandatarios con mayor contacto con la Casa Rosada.
Algunos gobernadores opositores -que tienen contacto fluido entre sí y comparten grupos de WhatsApp- reconocían que, tan cerca del cambio de Gobierno, con el kirchnerismo y la CGT en la calle y tras el “desastre” de la última gestión, a Javier Milei le sobra capital político y respaldo de opinión pública para tomar las medidas que viene tomando, para presionar a los jefes provinciales y para elegir “enemigos”.
“Pero esto es una maratón, no una carrera de cien metros”, sugerían en el PRO. “Son improvisados y desordenados. Además es contraproducente, no es que los gobernadores se van a asustar y te van a votar retenciones. En algún momento la carta de la casta se va a agotar, le van a pedir que gobierne, y la casta te viene dando opciones, te dio un dictamen”, señalaban en la UCR.
En este contexto, este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno creará una fiscalía para investigar la corrupción de “todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, que al menos en el parlamento fue leído como otra advertencia para los gobernadores y diputados en plena discusión por la Ley Ómnibus.
Guillermo Francos, a quien en los bloques opositores identifican el ala más “dialoguista” del Ejecutivo libertario, intentó salir a poner paños fríos, pero defendió de todos modos el mensaje de Caputo, que en realidad es el mensaje del Presidente.
“Por ahí lo tomaron equivocadamente como una amenaza. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios e ingresen capitales a la Argentina, y nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos. Si piden algunos beneficios adicionales, no se pueden pagar; si piden extensiones adicionales, no se pueden’. Esto hay que entender”, dijo el ministro del Interior.
Para los mandatarios provinciales no hay demasiadas dudas de que se trata de una amenaza: “Me angustia la amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”, dijo el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro.
Pero hasta ahora, en general, los gobernadores de la oposición “dialoguista” evitan intercambiar cruces en público, y hablan a través de sus legisladores y de los bloques parlamentarios.
Este jueves, entre las negociaciones y los cruces, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, dos bancadas que integran 32 diputados y defienden intereses de una quincena de mandatarios provinciales, emitieron un comunicado con una advertencia en la previa de la posible sesión por la Ley Ómnibus: no acompañarán ni la suba de retenciones, ni la eliminación de la fórmula jubilatoria como está planteada, ni la privatización generalizada de empresas, ni las reformas a la pesca, los biocombustibles, en ambiente ni en cultura.