Como había anunciado, el Gobierno decidió aumentar la luz a partir de febrero y dejar para más adelante el incremento del gas. El incremento será para el nivel N1, el de mayores ingresos o el que se dio de baja del subsidio. El resto de los usuarios, de los niveles medio y bajo (N3 y N2), no verán cambios en sus boletas.
Mediante la resolución 7/2024, la Secretaría de Energía fijó un incremento en el precio estacional de la energía (PEST) entre febrero y abril. Esa suba ronda 110% y tendría un impacto de 50% en las facturas. Pero, a la vez, la norma fijó también subas de 5 veces para los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), lo cual se traslada en un 100% a las boletas que se recibirán en dos meses, y actualizó también el precio del transporte.
En realidad, para conocer a ciencia cierta cuál será el aumento final en las boletas, falta que el ENRE tome estos valores y los aplique a la factura final.
El ENRE también tiene que incorporar a los incrementos que se publicaron este lunes el del Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde a los ingresos de las distribuidoras como Edenor y Edesur. Las empresas pidieron en las audiencias subas del 90% para el AMBA. Y todavía faltan las audiencias en Santa fe, Entre Ríos y Chaco.
Entre los incrementos de hoy (estacional, potencia y transporte) y lo que reclaman las distribuidoras (incluido el pedido de ajustes mensuales) se calcula que los cambios tendrán un impacto de 350% en las boletas de los consumidores N1 en marzo.
La medida alcanza a unos 3,3 millones de usuarios, entre los hogares de altos ingresos y pequeños comercios e industrias, pasarán de pagar $ 21 a $ 46 kW/h por precio estacional, aunque los primeros serán los más afectados, ya que no podrán trasladar el impacto a precios.
Para evitar impactos bruscos en los costos del servicio para usuarios de ingresos bajos y medios, el Gobierno decidió mantener los precios estacionales subsidiados en esos segmentos, hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor y que estará listo recién en abril.
La secretaría de Energía trabaja en una canasta básica energética enfocada en los sectores más vulnerables, en función del ingreso y la zona geográfica. «Para los usuarios de medio y bajo ingreso hace falta una audiencia pública para definir el nuevo esquema de segmentación», señalaron fuentes oficiales.
Según sostiene la resolución, mientras que en febrero de 2019 el precio estacional cubría el 79% del precio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista, en noviembre de 2023 ese valor bajó a 57%.
La norma también destaca que la quita plena del subsidio para los usuarios del Nivel 1 se alcanzó en el trimestre mayo-julio de 2023, mientras que para los usuarios del Nivel 2 no hubo quita y para los del Nivel 3 sólo hubo una quita menor en febrero de 2023.
La resolución de Energía, además de fijar el valor estacional y la potencia, también establece los el Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET).
Se fijó también que las distribuidoras de energía tanto las que dependen de Nación como las provinciales deberán mostrar en las facturas de sus usuarios el ítem “Subsidio Estado Nacional” y el monto que recibe cada uno por parte del Estado.
Nuevo esquema tarifario
El Gobierno de Javier Milei inició la «adecuación transitoria» de tarifas para reducir los subsidios en energía y transporte un 0,7% del PBI por año. Pero pospuso el incremento en el gas hasta marzo, ante la aparente preocupación oficial por amortiguar el impacto de las tarifas sobre la inflación.
Si bien la segmentación de subsidios en la gestión de Alberto Fernández significó ajustes en las tarifas de luz de hasta el 500%, la devaluación del peso redujo el valor que paga la demanda por la energía eléctrica y la creciente inflación disminuyó la tarifa abonada por los usuarios.
Así, la diferencia entre el denominado costo monómico y el precio que pagan las distribuidoras (PEST) fue cubierto por subsidios a la administradora mayorista del mercado eléctrico CAMMESA. La empresa de mayoría estatal compra la energía a los generadores y la vende a las distribuidoras. El saldo sin pagar a las usinas lo termina subsidiando el Estado.
En ese marco, el Gobierno acordó con el FMI un recorte del gasto del 3% del PBI para equilibrar las cuentas. En el caso de los subsidios económicos (energía y transporte), la idea es que se reduzcan desde el 2,1% en 2023 a 1,4% del PBI en 2024, lo que representaría un ahorro de US$ 3.500 millones.
El FMI estimó en su informe del staff publicado la semana pasada aumentos iniciales de las tarifas de la electricidad de más de 200% y del gas de más del 150% a partir de febrero.
Durante las audiencias públicas convocadas en enero, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, advirtió que el sistema está «al borde del colapso» y que las tarifas de energía deben reflejar el costo del suministro.
NE