La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el caso del hurto de vacunas contra el Covid-19 en Comodoro Rivadavia siga en el fuero federal. Como la investigación está completa, el episodio quedó a un paso de tener fecha para el juicio oral y público. Al fallo lo firmaron Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos.
Los camaristas –recuerda Jornada- revocaron una decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro que en junio de 2023 había declarado su incompetencia y había dicho que el caso debía ser juzgado por la Justicia Provincial.
El fiscal general Teodoro Nürnberg apeló y explicó que aunque la implementación de las vacunas hubiera sido delegada en las provincias en virtud del Plan Estratégico contra el Covid en Argentina, no significaba que las dosis dejarán de ser parte del erario nacional.
Dejar el caso en manos provinciales “dificultaría el adecuado esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución penal, más aún cuando la causa ya se encontraba encaminada sin inconvenientes hacia el debate”.
La denuncia en febrero de 2021 la hizo Miryám Monasterolo, exdirectora del Área Programática Sur del Ministerio de Salud, tras el faltante de 30 dosis.
Luego de los primeros allanamientos y secuestros, en febrero de 2021 la Justicia Provincial se declaró incompetente y remitió el caso al Juzgado Federal de Comodoro que indagó a los involucrados.
TABOADA, COMPROMETIDO
Según la hipótesis fiscal, en enero de 2021 una miembro del Sindicato de Camioneros que conduce el exdiputado nacional Jorge Taboada le ofreció dinero a una enfermera conseguir 30 vacunas para la primera dosis de empleados del gremio y de su obra social. La enfermera sustrajo las Sputnik-V y coordinó con otra enfermera su conservación y su inoculación al personal del Sindicato a cambio de dinero.
Para la maniobra aprovecharon el “caos reinante en torno al proceso de vacunación al no existir medidas de seguridad en relación a las vacunas, un deficiente control, registros y protocolos”. Más tarde desaparecieron otras 30 vacunas de la segunda dosis. Por cargos como hurto, cohecho y encubrimiento, 24 personas iban rumbo al juicio.
Cuando en julio de 2023 el TOF citó a las partes a ofrecer prueba, la defensa planteó la incompetencia federal para juzgar el caso. El TOF coincidió bajo el argumento de que al momento de los hechos, las vacunas ya no eran propiedad del Estado Argentino sino de Chubut. Entonces Nürnberg fue a la Cámara de Casación.
Al decidir, los camaristas porteños indicaron que debía tenerse en cuenta lo avanzado de la investigación, por lo que si pasara al fuero provincial provocaría “sin lugar a dudas una dilación jurisdiccional perjudicial para el éxito del proceso, cuestión absolutamente inaceptable”.
Más allá de la discusión de quién era el dueño de las dosis, “se priorizan en la resolución de conflictos de competencia razones de economía procesal y mejor administración de justicia que asegure el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.
“El estado avanzado de la investigación, ya pronta para la realización del debate oral y público, permite vislumbrar en la declaración de incompetencia una dilación que podría ser perjudicial para el éxito del proceso, por lo que debe ser revocada”.
Los camaristas invocaron “la necesidad de favorecer la buena, rápida y eficaz marcha de la administración de justicia frente a la investigación de maniobras como la investigada en autos -que se han repetido a lo largo y ancho del país, hasta en los más altos niveles de la administración nacional y que han generado tanta indignación social- que atentaron contra la pronta y oportuna vacunación de grupos de riesgo”.
La investigación lleva ya más de tres años, casi todos en el fuero federal. “De mantenerse la incompetencia declarada, sólo generaría una dilación aún más excesiva del proceso cuando lo único que resta es el debate oral y público que deberá de realizarse con la premura que el caso amerita”.
Fuente: Jornada