La Policía y el Ministerio Público Fiscal confirmaron que dos supuestos raptos que la semana pasada generaron alarma en Comodoro Rivadavia nunca ocurrieron. Todo fue consecuencia de la viralización de ambos supuestos hechos en las redes sociales.
Pero las cámaras de seguridad desmintieron ambos episodios y se evalúan sanciones por falsa denuncia.
Según informó el jefe de la Brigada de Investigaciones, Javier Orellano, ambos episodios fueron investigados en profundidad y las pruebas recolectadas, especialmente los registros de videovigilancia, confirmaron que los hechos «nunca ocurrieron».
Uno de los casos denunciaba el supuesto rapto de un bebé en las inmediaciones del Hospital Regional. Sin embargo, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar desmintieron la versión.
“Las pruebas nos demostraron que este hecho nunca sucedió; ni como fue relatado ni de ninguna otra forma”, afirmó Orellano en conferencia de prensa.
“Se ve a la mujer saliendo del hospital con el bebé y subiendo a un vehículo que sería del padre del niño”, detalló.
La denuncia inicial se viralizó por redes sociales, generando preocupación en la población, pero fue formalizada recién 48 horas después. “Eso nos llamó la atención. A partir de ahí buscamos evidencia”, indicó el funcionario policial.
El segundo caso hacía referencia a un presunto secuestro de un menor que habría salido a comprar pan y cigarrillos. Según Orellano, la investigación también concluyó que el hecho nunca sucedió. “Las cámaras informan un hecho negativo: el menor nunca estuvo en el lugar”, aseguró.
Ambos casos fueron calificados como «hechos inexistentes» y podrían derivar en acciones judiciales. “El Ministerio Público Fiscal sabrá qué hacer con estos casos. Está el delito de falsa denuncia”, advirtió el jefe policial.
Orellano destacó la importancia del sistema de videovigilancia para esclarecer los hechos con rapidez. “La Policía está trabajando, las cámaras funcionan y eso nos permitió dilucidar estos casos”, dijo. También anunció que se está trabajando en la ampliación de la red de cámaras de seguridad: “La idea es llegar a 600 puntos de la ciudad”.
El Ministerio Público Fiscal evalúa ahora si corresponde imputar a quienes realizaron las denuncias falsas, lo que podría constituir un delito penal por entorpecimiento del accionar judicial.