En un hecho sin precedentes en la Iglesia argentina, una jueza de la provincia de Salta encontró culpable de violencia de género a un arzobispo, un obispo emérito y dos sacerdotes en perjuicio de unas monjas de un histórico convento de la capital provincial y les ordenó someterse a un tratamiento psicológico y a una capacitación en cuestiones de género. Además, ratificó que deben seguir cumpliendo una perimetral.
La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, en perjuicio de las hermanas Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, con las que venía manteniendo diferencias desde hacía años. También, por el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajaya.
La relación entre el arzobispo y las monjas comenzó a deteriorarse a partir del apoyo de las religiosas a la devoción a la llamada Virgen del Cerro, que desde hace más de dos décadas atrae multitudes en torno a su ermita, ubicada en las afueras de la ciudad de Salta, y de quien recibiría mensajes la salteña María Livia Galliano, una mujer que realiza imposición de manos durante los rezos grupales.
Las diferencias llegaron a un punto máximo cuando las monjas le dieron un marco jurídico al accionar de María Livia y la espiritualidad en torno a la Virgen del Cerro, al pasar a ser parte de una fundación, lo que derivó en el envío en 2021 por parte de la Santa Sede de “un visitador”, el obispo de Elizalde, acompañado por la hermana Isabel Guirov, para “analizar los problemas planteados”.
Al año siguiente, la Santa Sede dispuso que las religiosas “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”, tal como se llama el movimiento espiritual en torno a la Virgen del Cerro.
Los encuentros del arzobispo con las monjas –incluida su presencia en un velatorio de una religiosa que derivó en forcejeos-, más el tono de los visitadores y hasta el paso por el convento del padre Loyola Pinto y de Sancristóval tuvieron ara las monjas una agresividad que llevaron a radicar la denuncia por violencia de género.
La jueza concluyó que “aquellas (las Carmelitas Descalzas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica (el arzobispo nunca les devolvió un préstamos que les pidó), por un lapso de más de 20 años».
Entre esos hechos, enumeró «la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica».
Además, «lo actuado por Monseñor Mario Antonio Cargnello y el Sacerdote Lucio Francisco Ajaya en ocasión del velorio de la hermana M. en fecha 25/09/20, en el cual las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica».
También menciona «lo acontecido durante la visita apostólica realizada por Monseñor Martín de Elizalde en fecha 25/10/21, en las que aquellas sufrieron violencia de género del tipo psicológica».
Considera que otro hecho violento fue «la comparecencia al monasterio del Vicario Judicial Loyola Pinto y de Sancristóval en fecha 27/04/22, a fin de poner en conocimiento a la comunidad carmelitana lo dispuesto por la Santa Sede, sin que la comunicación haya expresado tal forma de notificación, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica».
La jueza les a ordenó a a los cuatro religiosos «realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia» por lo que deberán presentar ante el juzgado constancias del cumplimiento de lo resuelto en este punto, de manera mensual durante el plazo de seis meses, «bajo apercibimiento de desobediencia judicial».
También dispuso que deberán realizar capacitación en cuestiones de género, violencia de género y la normativa vigente, «bajo apercibimiento de desobediencia judicial» y, a tal fin, libró oficio al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres para que elabore y dicte el programa de capacitación. Y ratificó las medidas de prohibición de acercamiento que ordenó en 2022 luego de recibir la denuncia de las monjas.
Por otra parte, recomendó a las denunciantes a realizar «retiros y/o ejercicios espirituales a fin de tramitar psicológicamente las consecuencias de la violencia de género padecida; debiendo presentar ante este Juzgado las constancias respectivas de manera mensual durante el plazo de seis meses».
Además de la debida notificación a las partes, estableció que también se notifique al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante del acuerdo celebrado entre el arzobispado y el convenio el 27 de agosto de 2022 para encauzar la relación, más allá de proceso judicial.
Finalmente, la jueza impuso las costas del proceso judicial a los acusados.