A través del Decreto 345/2025 se pone en riesgo distintos organismos del ámbito de la cultura, uno de ellos es la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos al eliminarse sus facultades generando la alerta sobre los edificios patrimoniales y sus entornos.
El decreto es un hachazo a la identidad cultural
El decreto publicado el 22 de mayo modifica la Ley 12.665, sancionada en 1940. Esta ley crea la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que es la continuadora de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Su importancia está en ser la encargada de la conservación y protección del patrimonio cultural nacional, incluyendo los monumentos, los lugares y los bienes históricos como así también la creación de los mecanismos para su gestión y preservación. Con la vigencia de este decreto se degrada a una “unidad organizativa” dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura, sin autonomía, sin capacidad de declarar nuevos bienes, ni designar delegados provinciales o asesores especializados. Se eliminan 15 de las 18 facultades fundamentales:
1-Se mantiene: Ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal.
2-Se elimina: Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, y además bienes protegidos en los términos de la presente ley, indicando con precisión el perímetro del área protegida.
3-Se elimina: Establecer, revisar, y actualizar criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos.
4-Se elimina: A solicitud del Congreso de la Nación, designar expertos para evaluar los méritos históricos artísticos, arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en el plano establecido por la comisión.
5-Se elimina: Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., con asiento en los respectivos distritos, y por si, subdelegados locales, asesores consultos, honorarios y eméritos.
6-Se elimina: Organizar mecanismos de representación regional y federal.
7-Se elimina: Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad local las restricciones urbanísticas que correspondan.
8-Se elimina: Establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria.
9-Se elimina: Recomendar al Poder Ejecutivos que impulse ante el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública de los inmuebles que así lo amerite.
10-Se elimina: Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase.
11-Se elimina: Intervenir con carácter previo y vinculante en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del estatus jurídico de un bien protegido.
12-Se mantiene: Intervenir con carácter previo y vinculante.
13-Se mantiene: aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material sobre bienes protegidos
14-Se elimina: Proponer al poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés público su ingreso al dominio del estado nacional.
15-Se elimina: Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las materias de su competencia.
16-Se elimina: Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias.
17-Se elimina: Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero o en especies.
18-Se elimina: Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales.
La Comisión ha preservado más de 1.500 bienes culturales en todo el país, actualizando su mirada a lo largo de su historia; valorando desde el patrimonio de los pueblos originarios o edificios industriales, hasta el patrimonio arquitectónico moderno; habiendo declarado entre ellos los Cabildos de Buenos Aires, de Luján, del San Salvador de Jujuy, de Salta y de Córdoba; la Casa Histórica de la Independencia, la Confitería del Molino, la Casa del Dr. Curutchet, la Cueva de las Manos y el Monumento Nacional a la Bandera, entre muchos otros. El organismo ha sido un ejemplo de compromiso con la conservación del patrimonio, la promoción de la restauración de monumentos, la capacitación a especialistas, la edición de publicaciones, la asistencia técnica y la apertura en términos del concepto de patrimonio para incluir expresiones de todas las épocas y regiones.
Con este decreto se pone en riesgo la protección, el estudio y la transmisión del patrimonio cultural argentino. Se debilita la representación de las distintas regiones y provincias del país, se limita la acción técnica y se borra de un plumazo la recuperación de la memoria y la historia a través de los monumentos y el patrimonio.
Las y los trabajadores estatales de la Comisión exigen que se respete la integralidad de la Ley 12.665 y se garantice la plena vigencia de la Comisión Nacional de Monumentos como organismo autónomo y técnico, capaz de seguir cuidando la historia que nos pertenece a todos.
La voz de una histórica trabajadora
Al hablar con Tere nos cuenta que “en la Comisión trabajan 20 personas que están en CABA y otras 7 que trabajan en los monumentos del resto del país y que dependen de la Comisión. El organismo funciona con un área de administración, un área técnica integrada por arquitectos e investigadores, y un área de museología. También integra la Comisión un cuerpo colegiado de 10 vocales más un vocal secretario ad honorem y un presidente, que es el único que tiene un sueldo”.
Nos cuenta con detalle y pasión las funciones que lleva adelante la Comisión “se aprueban propuestas declaratorias de diversos patrimonios -como del Museo Histórico Nacional, Lugar Histórico, árboles Históricos, Paisaje Natural, Bienes Históricos, Esculturas, Poblados Históricos, y otros-, proyectos de restauración y/o reciclaje de edificios declarados y la intervención en zonas de amortiguación que es cuando el entorno de un monumento corre peligro de invasión urbana. Se autorizan y supervisan las obras que se realizan en inmuebles del Estado. A esto se le suman las diversas consultas que llegan a la Comisión sobre su archivo histórico, que es muy importante y tiene la memoria histórica de la Comisión desde 1940”. Entre las 15 funciones que elimina el Decreto, Tere alerta que “la más importante es la declaratoria de un edificio, de un sitio, de un bien histórico y artístico para su protección en el tiempo, sin ello se puede perder patrimonio local o nacional”.
Milei cuida el negocio inmobiliario y destruye el patrimonio cultural nacional
¿Qué intereses mueven la firma de estos Decretos? Los intereses son de especulación inmobiliaria, los 10 asesores no son profesionales reconocidos y los nombra el Secretario de Cultura, en este caso Cifelli. Tranquilamente pueden ser representantes o especuladores del mercado inmobiliario, al servicio el decreto deja 3 artículos que tienen más que ver con la venta, la modificación y la demolición de un monumento, garantizando no tener oposición. De esta forma se hacen cuantiosas ganancias vendiendo el patrimonio y dando lugar a la inversión inmobiliaria donde hasta ayer no se podían por estar protegidos por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. La Comisión deberá intervenir con carácter previo y vinculante “en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del estatus jurídico de los bienes protegidos en el marco de esta ley”. Esta es la orientación que buscan darle a la Comisión.
Rechazar el decreto en las calles, el patrimonio se defiende
Los decretos firmados por Javier Milei, el 345/2025 y el 346/2025, y avalados por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli son un nuevo golpe a la cultura, la identidad y la historia. Merecen el repudio masivo de todos los sectores, como se expresó con el abrazo al Instituto Nacional del Teatro hace unas semanas. Las alarmas y el alerta ya sonó, en la Cámara de diputados se reunió la Comisión de Cultura para escuchar las voces de los sectores interesados, tampoco allí faltaron los provocadores defensores de la motosierra del gobierno, encubridores de los negocios para los mismos de siempre y cómplices de rifar el patrimonio cultural, los edificios, los bienes y lugares. Llevamos 18 meses de gobierno libertario, y en todo este tiempo el Congreso demostró ser una institución más que da la espalda a los reclamos populares, sobran muestras de panquequeo, de votos vendidos y tibieza para enfrentar al gobierno y su política criminal. Es correcto exigir e impulsar que todas las organizaciones con representación en el sector de la cultura le pida cuentas a los diputados y que se rechacen ambos decretos, pero nadie se salva solo y sabemos que toda la estructura legal con el Decreto 70/2023 y la Ley Bases son un ataque a los derechos elementales de las mayorías. Y esa pelea se da en las calles, fortaleciendo y masificando las luchas actuales y haciendo esfuerzos reales por unir todos los reclamos